En cualquier otro momento de la historia reciente, la intervención sobre la Empresa Municipal de Seguridad, el tratamiento arbitrario al caso del alcalde de Guayaquil y la eventual injerencia en el manejo del futuro aeropuerto habrían encendido una auténtica confrontación regional si el gobierno hubiese sido identificado como “serrano”. Habrían reaparecido con estridencia los viejos gritos de autonomía, los discursos de agravio territorial y hasta las amenazas de independencia.
Pero hoy ese libreto no parece activarse. Y no se activa por una razón evidente: quien empuja estas operaciones no es un poder extraño a Guayaquil, ni un centralismo ajeno a sus élites, sino el mismo núcleo oligárquico que domina la ciudad y que busca consolidar su control sobre el conjunto del país.
Eso obliga a decir algo incómodo, pero necesario: buena parte del autonomismo que durante años se presentó como defensa del territorio, de la ciudad y de sus competencias, fue también la cobertura ideológica de un orden oligárquico. Un dispositivo político para blindar un reparto de poder, recursos e influencia bajo la conducción del PSC y de los grupos económicos que hicieron de Guayaquil su plataforma de mando. Lo que hoy vemos es que ese edificio empieza a agrietarse, no por presión democrática desde abajo, sino por la disputa feroz entre fracciones del mismo poder.
No estamos ante una democratización del conflicto ni ante una corrección histórica en favor de las mayorías. No hay aquí un horizonte redistributivo, ni una apertura social, ni una reforma del poder. Lo que está ocurriendo es un reacomodo entre élites, una lucha descarnada entre grupos que han usado indistintamente el discurso autonomista o el discurso nacional, según convenga a sus intereses, siempre sostenidos por dinero, medios de comunicación, operadores políticos y capacidad de presión institucional.
Conviene nombrarlo sin rodeos: el verdadero centro de gravedad del poder ya no está en los discursos públicos ni en las viejas escenografías del municipalismo guayaquileño, sino en los enclaves cerrados donde se articulan negocios, influencias y decisiones estratégicas. La política real se desplazó hace tiempo a Samborondón, mientras Guayaquil y el país entero pagan las consecuencias de esa captura oligárquica del poder.
Y frente a esto, el silencio de buena parte de las élites quiteñas también dice mucho. Guardan prudente distancia, se repliegan, observan, calculan. Mientras no se afecten sus intereses, mientras no se altere su cuota de privilegio, prefieren mirar a otro lado o negociar su pedazo del reparto.
Lo que se derrumba, entonces, no es solo un equilibrio político local. Se resquebraja una forma histórica de dominación que durante años confundió los intereses de una minoría con los intereses de una ciudad entera. El problema es que, si no emerge una respuesta democrática, popular y nacional frente a esta pugna, el resultado no será el fin del poder oligárquico, sino apenas su recomposición bajo nuevos mandos y con las mismas exclusiones de siempre.