Por: Augusto Barrera G.
Estamos a puertas de cumplir dos años de gestión de Daniel Noboa en la presidencia de la república. De un sorpresivo candidato y un primer periodo como mandatario de difícil ubicación político- ideológica para algunos, ha transitado a abrazar fervorosamente las banderas de la extrema derecha: su programa, alineamiento geopolítico y las formas de gobernar. Se trata de un intento de instauración de un nuevo régimen de dominación que vuelve sobre la reprimarización de la economía, el fortalecimiento de un poder de corte oligárquico y el debilitamiento de un estado redistribuidor y de derechos.
Este nuevo periodo se abre paso a partir de condiciones globales y locales específicas. En el plano económico el nuevo ciclo de acumulación en Ecuador se basa en la profundización del modelo primario-exportador asentado en los sectores tradicionales que pretenden expandirse hacia la extracción privada minera y petrolera, el imperio del capital financiero y la convivencia con las economías ilegales. No es una distopia sino una forma de acumulación contemporánea.
Al mismo tiempo el juego político-electoral condujo a la emergencia, en solitario, de una fuerza político-empresarial que puede conducir esta nueva fase. El bloque en el poder tiene como núcleo central al Grupo Noboa que en sí mismo representa un emporio de sectores e intereses como un primer círculo agroexportador. Las derrotas de Lasso, Nebot y de las derechas serranas han dejado a Noboa como la única opción con capacidad de gestionar el país bajo este programa y enfrentar a RC y al campo popular y democrático. Todos los poderes fácticos se han alineado en torno al gobierno, más allá de los reparos y miedos que les puede producir.
La derrota electoral y la imposibilidad, hasta ahora, de construir una amplia coalición social, económica y política le otorga al gobierno un margen de maniobra. Prevalido de esta fuerza ha abierto una cruzada frente a los espacios de resistencia social e incluso iniciativas económicas autónomas: cooperativismo, ONG, movimientos sociales, derechos humanos, movimiento indígena, Corte Constitucional, abogados institucionalistas, etc.
Para ello ha puesto en juego una estrategia de control y cooptación de la población basada en la gestión clientelar de bonos, la saturación de la opinión pública y el ataque de un ejército de instrumentos de comunicación que amplifican su narrativa.
A un proyecto de esta naturaleza le incomoda el estado de derecho. El problema del autoritarismo no sólo es de las formas; implica sobre todo la concentración del poder político con el poder económico. Los reparos y contrapeso constitucionales, tributarios o normativos son “una pata coja” que, desde su perspectiva, debe resolverse. Y esto es lo que parece estar en juego en la próxima consulta popular. Seguramente una parte de las propias élites se darán cuenta cuando sea demasiado tarde para ellos.