Por: Augusto Barrera G.
Con ligereza y falta de argumentos, como ahora se tratan casi todos los temas fundamentales, el gobierno ha informado que tiene en mente que los servicios de salud prestados por el IESS pasen al MSP en un breve proceso de 6 a 9 meses.
La “idea” se lanza en medio de una suigéneris campaña por la Consulta popular y da la impresión de que esta reforma podría trasladarse al debate de la nueva constitución. Lejos de establecer un análisis serio y formular propuestas con participación de los actores involucrados (comenzando por los afiliados), la iniciativa gubernamental parece no contemplar las complejidad de lo que propone y especialmente el sufrimiento de la población.
Para tener una idea del impacto que esto tendría hay que recordar que el IESS, a través de sus ser vicios de salud atiende a cerca de 7 millones de personas. Para 2024 el IESS reportó 6.980.743 beneficiarios con cobertura de salud (afiliados, pensionistas y derechohabientes, incluido el Seguro Social Campesino) que se desglosan en 3,145,197afiliados del Seguro General; hijos menores 1,998,323; beneficiarios del Seguro Social Campesino 948,612; pensionistas SG (vejez/invalidez) 552,760; y otras categorías.
Para este volumen de personas, durante el 2023 se produjeron más de 16 millones de atenciones entre consulta, hospitalización, emergencias, etc. Aunque para nadie es un secreto que lograr un turno para un examen o una cirugía puede obligar a meses de espera y que una parte de la medicación para pacientes ambulatorios u hospitalizados debe ser comprada, la realidad del MSP es bastante peor.
El progresivo debilitamiento del MSP no solo ha tocado la capacidad de los servicios de atención sino varios de sus procesos sustantivos, al punto que ni siquiera hay datos consolidados del número de atenciones. Pese a la campaña publicitaria las carencias en los hospitales son dramáticas.
Con todo puede estimarse que el MSP realiza unas 60–70 millones de atenciones anuales. A ese volumen habría que agregar las 16 millones de atenciones extra que saturarían la capacidad de atención de primer nivel, emergencias y quirófanos.
Cualquier proceso de optimización de los servicios, preservando la viabilidad del IESS, y sobre todo los derechos de los afiliados pasa por un proceso serio de fortalecimiento de una red pública de múltiples prestadores, logrando su articulación funcional, una mayor y mejor inversión, interoperabilidad, fortalecimiento de las capacidades resolutivas, optimización de la inversión, etc.
Todo esto debe ser parte de un plan serio y estructurado que, por el momento, está fuera del horizonte de un gobierno que no ha logrado proponerle al país ningún diseño serio para su desarrollo. La decisión de quitarle al IESS los servicios de salud de un plumazo generará una enorme afectación a miles de personas y supondrá un colapso del sistema. Como siempre, lo pagarán los más pobres.