Sin el menor proceso de diálogo o debate social, el Gobierno envió -con carácter económico urgente- un proyecto de ley orgánica reformatoria del COOTAD que, en lo sustancial, ordena que todo el presupuesto de los GAD (transferencias e ingresos propios) se destine a lo que, en su comprensión, serían “indicadores de inversión” (70/30). Contempla mecanismos de control, amenazas de contraloría y exigencias de reportes trimestrales. Pero la “espada” que realmente cae sobre los GAD es otra: una disminución de casi el 30% de sus ingresos.
Nadie puede dudar de la necesidad de mejorar el gasto público. Cada dólar debe utilizarse con pulcritud, criterio y resultados verificables. Tampoco se le escapa a la ciudadanía que varios GAD no cumplen siquiera sus competencias básicas, aquellas que la Constitución les exige.
Pero si el problema es la calidad del manejo de los recursos -locales y nacionales-, lo que corresponde es un diagnóstico claro y una política pública integral: reformas legales que aseguren responsabilidad en la pertinencia, oportunidad y predictibilidad de las transferencias; mejora de la recaudación local; y, por supuesto, indicadores consistentes para evaluar calidad y eficiencia del gasto local. Nada de eso se propone.
En cambio, la iniciativa se sostiene en una narrativa engañosa y cargada de falacias: confunde gasto corriente con burocracia; ignora que existen distintos modelos de gestión de servicios; y no comprende la lógica operativa de los servicios cotidianos que deben prestarse con personas. A menos -claro- que se esté empujando el camino de privatizarlos, trasladando a la columna de “inversión” lo que antes era prestación pública y hoy se paga a un privado.
Quito es el municipio metropolitano que históricamente ha asumido más competencias. A su cargo están el tránsito, un amplio subsistema educativo, la gestión patrimonial, un subsistema cultural más robusto que el escuálido -y prácticamente desaparecido- Ministerio de Cultura, y componentes relevantes de servicios de salud y cuidados para adultos mayores y primera infancia. En esas funciones trabajan agentes, maestros, médicos, psicólogos, nutricionistas. No dudo de que sea necesario optimizar recursos humanos y procesos; lo que no es aceptable es estigmatizar los servicios esenciales que deben cumplirse.
Vale poner sobre la mesa algunos datos del estudio Análisis de las finanzas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con énfasis en los municipios, elaborado por CORDES para la Corporación Participación Ciudadana (2024):
1. Transferencias estables, sin incremento significativo. El monto promedio de transferencias en el período 2013–2023 fue de USD 3.208 millones, equivalente al 3,1% del PIB (promedio). El año con mayores transferencias fue 2019 (USD 3.531 millones) y el de menores, 2020 (USD 2.809 millones), en el contexto de la pandemia. Es decir: no ha existido un incremento significativo en una década.
2. Menor dependencia de transferencias. El peso de las transferencias (MET) en los ingresos totales de los GAD se redujo entre 2013 y 2023, pasando de 60% a 48,8%. También disminuyó su participación en los ingresos no petroleros: de 62,2% a 51%. Esto implica que los ingresos propios —sobre todo municipales— han crecido más.
3. Los municipios bajaron su dependencia en 14 puntos. Para el conjunto de municipios, entre 2013 y 2023 las transferencias por MET representaron, en promedio, 49,1% de los ingresos totales, pero con una tendencia decreciente: de 55% en 2013 a 41,9% en 2023. Es decir: en conjunto, los municipios redujeron su dependencia de las transferencias de equidad territorial en casi 14 puntos.
Con estos datos, la pregunta es directa: ¿la alternativa es recortar transferencias como efecto de esta ley? ¿Castigar a los gobiernos locales cuando, en promedio, han aumentado su esfuerzo de ingresos propios y han reducido su dependencia?
Lo más insólito es el tono aleccionador de un Gobierno que mantiene las vías del país destruidas, que no ha generado un solo kilovatio adicional, con un sistema de salud en ruinas y que exhibe algunos de los peores promedios de ejecución presupuestaria. Un Gobierno que, además, ha manejado la crisis social con cálculo y desdén. Ese es el Gobierno que pretende dictarle a Quito y a los GAD cómo administrar sus servicios.
Esto no es un asunto de adhesión o antipatía hacia una administración municipal. Es algo más básico y serio: defender la autonomía que la Constitución consagra y proteger la prioridad de la vida cotidiana -la de la gente- frente a imposiciones centralistas que, una vez más, pretenden disciplinar lo local en nombre de una “eficiencia” mal entendida.