Quito no puede aceptar el chantaje de la paralización unilateral de un servicio público esencial. Más allá de los eufemismos, eso es lo que han hecho ciertos sectores del transporte privado, incumplir contratos de operación, desconocer obligaciones legales y afectar la vida cotidiana de miles de quiteños. Frente a ello, corresponden acciones legales y administrativas firmes, así como el ejercicio claro del principio de autoridad.
El detonante es el incremento del precio del combustible, sobre lo que el gobierno nacional pretende desentenderse e incluso usarlo políticamente. La respuesta no puede limitarse a la coyuntura. Este momento debe servir para enfrentar los problemas estructurales y establecer las condiciones de un nuevo modelo de operación del transporte público en Quito, sobre el que proponemos algunos puntos de partida:
1. Centralización de la operación y del recaudo
Establecer un plazo perentorio para que las operadoras centralicen la operación y el recaudo, implementen un modelo de caja común y adopten sistemas informáticos de gestión y control. Este proceso se inició en 2013, pero fue desmontado durante la administración 2014-2019.
2. Avanzar hacia la municipalización estratégica del transporte
La ciudad debe avanzar en la municipalización del transporte público, comenzando por la operación bajo administración de la Empresa Municipal de los corredores BRT hacia Calderón y Tumbaco, así como la recuperación del corredor Central Norte.
3. Crear un fondo común de transporte público
Es indispensable establecer un fondo común de transporte público, con fin único y específico: financiar la operación, la mejora del servicio y la transición hacia un sistema más eficiente. Este fondo debería constituirse con el aporte correspondiente al incremento del precio de los combustibles que debe entregar el Gobierno nacional, el recaudo del sistema, subsidios cruzados -por ejemplo, vinculados a la propiedad de vehículos, revisión de exoneraciones a vehículos eléctricos y porcentaje de combustibles- y aportes municipales, hoy limitados por las reformas al COOTAD.
4. Definir costos reales, tarifa técnica y pago por calidad
Debe realizarse un análisis riguroso de costos, elaborado por universidades de la ciudad, que contemple mejoras progresivas del servicio. Con base en ese estudio se deben establecer las tarifas técnicas correspondientes, acompañadas de un cambio del modelo de recaudo hacia una tarjeta única y de un sistema de pago por kilómetro recorrido y calidad del servicio. No hay que olvidar que ya se entregaron subsidios millonarios sin contraprestaciones suficientes ni mejoras verificables.
5. Impulsar movilidad eléctrica y accesibilidad universal
Impulsar la movilidad eléctrica, de bajas emisiones contaminantes y accesibilidad universal. El nuevo modelo debe promover progresivamente buses de mejores prestaciones de seguridad y ambientales, con combustibles de mejor calidad que avancen significativamente a unidades eléctricas, políticas de accesibilidad universal y tarjetas individualizadas para personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria.
Quito no puede seguir atrapada entre el chantaje corporativo, la indolencia del gobierno central, la improvisación institucional y un modelo de transporte agotado. La ciudad necesita autoridad, reglas claras, financiamiento transparente y una transición ordenada hacia un sistema público, integrado, moderno y al servicio de la gente.
Por: Augusto Barrera G.